Intervención del presidente del Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Nación
Autojustificativa, defensiva y decepcionante
Zapatero confirma las políticas antisociales y anuncia nuevos recortes al Estado de Bienestar
· CCOO cree que el giro brusco en la política económica y social del Gobierno reafirma la vigencia de la huelga general del 29 de septiembre
14 de julio de 2010
La intervención del presidente del Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Nación, en la que ha defendido las políticas y reformas ya presentadas (plan de ajuste, mercado de trabajo, cajas de ahorro) y ha anunciado otras (sistema público de pensiones,) se puede calificar de autojustificativa, defensiva y decepcionante a la vez que confirma, a juicio de CCOO, el giro brusco en la política económica y social del Gobierno y el anuncio de nuevos recortes al Estado de Bienestar, sobre todo, en lo que afecta al sistema público de pensiones. “Zapatero ha decidido abrazar el ideario liberal en política económica, recortando derechos sociales y laborales, desregulando el mercado y sumándose a la campaña de descrédito de la cosa pública, lo que viene a confirmar la vigencia y oportunidad de la huelga general convocada por los sindicatos para el 29 de septiembre”, afirma el secretario de Comunicación y portavoz de CCOO, Fernando Lezcano.
En su intervención ante el Congreso de los Diputados, Zapatero ha defendido las medidas de reducción del déficit ya activadas y el contenido del Proyecto de Ley de Reforma Laboral -ahora en trámite parlamentario- o el más reciente referido a la Ley de Cajas, iniciativas todas ellas que han merecido el rotundo rechazo del movimiento sindical y más concretamente de CCOO. “Que el presidente de un Gobierno socialista impulse y apruebe políticas y reformas que congelan pensiones, recortan salarios, debilitan la atención a las personas dependientes, reducen la inversión pública, hacen más fácil y barato el despido, rompan la lógica de la negociación colectiva a favor del empresario, blinden la temporalidad, den luz verde a la intervención, en la intermediación laboral, a las agencias con ánimo de lucro, devalúen la tutela judicial en la rescisión del contrato de trabajo, ignore a los sindicatos –como se comprometió- en la elaboración de una Ley de Cajas que pone en riesgo su naturaleza jurídica y la obra social en la perspectiva de su privatización, por hablar de medidas ya aprobadas o en vigor, no son, precisamente, las mejores credenciales para suscitar el apoyo del movimiento sindical”, ha denunciado Fernando Lezcano.
En su declaración, tras escuchar atentamente a Zapatero, CCOO advierte que “si a lo ya conocido sumamos lo que hoy ha anunciado el presidente del Gobierno en el Congreso -reforma o ¿contrarreforma? del sistema público de pensiones- estaríamos ante el cambio más radical de programa de Gobierno que se haya producido entre los ejecutivos de la Unión Europea”.
En efecto, recuperar las propuestas que se formularon en el mes de enero sobre Pensiones (retraso de la edad de jubilación a los 67 años, acabar con el contrato de relevo, incrementar el período de cálculo o el período de carencia, …) pone nuevamente de manifiesto que el Gobierno renuncia a actuar sobre los ingresos a la seguridad social, la mayoría vinculados al crecimiento y la calidad del empleo (separación de fuentes, incremento comprometido del SMI, aumento de la tasa de contratación de mujeres, igualdad salarial,…) y apuesta únicamente por actuar sobre el gasto lo que perjudicaría gravemente las expectativas de amplios colectivos de trabajadores y trabajadoras sobre su pensión presente o futura.
No deja de llamar la atención que se permita incorporar como novedades cuestiones que no son otra cosa que meros incumplimientos de compromisos adoptados en el 2006 como la integración de regímenes especiales (hogar y agrario) en el régimen general. Sobre el anuncio de que se incrementarán las pensiones mínimas, cuestión siempre necesaria, CCOO llama la atención sobre la ausencia de concreción respecto al porcentaje del citado incremento, ni a cómo éste se va a financiar, si con impuestos o cotizaciones. Por otra parte, CCOO espera que el Presidente del Gobierno no tenga la desfachatez de anunciar en la fiesta minera de Rodiezmo, estos extremos como viene siendo habitual.
Para CCOO ha sido clamoroso el “olvido” a la interlocución social, que no se ha citado ni en alusión al Pacto de Toledo y las pensiones, ni cuando se han abordado temas tan insuficientes como poco ambiciosos como los referidos a las políticas energéticas. En este sentido es de reseñar que como todo objetivo declarado sobre política industrial se anuncie la trasformación a medianas empresas de 8000 pymes ya que esta cifra representa un escaso 0,3% de su tejido empresarial actual.
No es posible que el tránsito de un proyecto programático de respeto moderado al gasto social, a las políticas públicas, al control de los mercados financieros, a las reformas laborales que no lesionen los derechos de los trabajadores, a las políticas públicas como prioridad para reactivar la economía y generar empleo, a un nuevo modelo productivo o al reconocimiento de la gestión pública, a otro de orientación alternativa, abiertamente integrado en el ideario liberal, con tintes en algunos casos de radicalidad neoliberal -fobia a la presencia de representantes públicos en ciertos ámbitos de la actividad económica, progresiva devaluación de los servicios públicos en beneficio de la iniciativa privada, o adelgazamiento constante del Estado de Bienestar- pueda realizarse impunemente, al menos en lo que al movimiento sindical se refiere. “Sólo un sectarismo acrítico e irresponsable y capaz de encajar sin rechistar una alternativa y su contraria, puede explicar tan sorprendente mutación”, denuncia el portavoz de CCOO, Fernando Lezcano.
A juicio de CCOO, lo esencial de su intervención gira en torno a las iniciativas aquí comentadas, y que no hacen sino añadir actualidad y vigencia a la convocatoria de huelga general que CCOO y UGT han convocado para el 29 de septiembre. “Un sindicato que quiera estar a la altura de los intereses que representa no puede ni debe permanecer impasible; tiene que responder con la contundencia que exige la gravedad de las medidas aprobadas y de las que, lamentablemente, pueden aprobarse. Nadie va a convencernos de que las ideas y personas que se encuentran el origen de la mayor crisis económica y financiera desde la Gran Depresión, se conviertan ahora en asesores del Gobierno para diseñar la salida de la crisis. Con la huelga general trataremos de parar estas políticas y apuntar otra política para una salida más justa y equilibrada de la crisis”, concluye el portavoz de CCOO, Fernando Lezcano.
martes, 20 de julio de 2010
DESAPARECIÓN DE LAS CAJAS DE AHORRO
El Real Decreto Ley 11/2010 facilita y
promueve la desaparición de las cajas de ahorro en su configuración actual
· Según CCOO, supone además la desaparición de su naturaleza jurídica y debilita su función social como instrumentos de desarrollo territorial y de inclusión financiera de las personas con menores recursos y capacidad económica
19 de julio de 2010
A juicio de CCOO, el Real Decreto Ley 11/2010 que será sometido a convalidación en el Congreso de los Diputados el 20 de julio de 2010, facilita y promueve la desaparición de las cajas de ahorros españolas en su configuración actual, favorece la desaparición de su naturaleza jurídica y debilita su función social como instrumentos básicos de desarrollo territorial y de inclusión financiera de las personas con menores recursos y capacidad económica.
Según esta nueva norma, las cajas de ahorros deberán optar por:
· Mantenerse como cajas, pudiendo emitir cuotas participativas, con o sin derechos políticos, hasta un 50% de su patrimonio neto.
· Integrarse con otras cajas en un Sistema Institucional de Protección; la entidad a través de la que operarán será un banco (sociedad anónima).
· Ceder su negocio financiero a un banco, manteniendo la caja, únicamente, la obra social y la cartera industrial
· Transformarse en fundación, cediendo su negocio financiero a un banco.
El Banco de España, tras una fase de supervisión apática en la que no quiso o no supo impedir el crecimiento incontrolado del endeudamiento de las Cajas para financiar la burbuja inmobiliaria, dirigirá ahora una operación que pretende convertirlas en sociedades anónimas. CCOO denuncia que cuenta para ello con el apoyo del Gobierno y el principal partido de la oposición.
CCOO había advertido que la necesidad de reducir el riesgo asumido con el sector inmobiliario; la recuperación del crédito dirigido a proyectos empresariales viables, en especial, a las pymes; el fortalecimiento del sistema financiero español; los previsibles mayores requisitos que impondrá Basilea III (tercera edición del consenso entre los Bancos Centrales de las principales economías desarrolladas, que supondrá mayores exigencias en materia de recursos propios y calidad del capital de las entidades financieras), eran, entre otras, razones que exigían recapitalizar el sistema financiero.
Las vías para hacerlo en las cajas de ahorros eran y son diversas. El objetivo perseguido es aumentar la solvencia de estas entidades, no transformarlas en sociedades anónimas. Reforzar la
estructura de capital no es incompatible con la naturaleza jurídica y el modelo de control social de las cajas de ahorros. Si es necesario recapitalizar con fondos públicos, el cambio de los gestores que han provocado esa situación parece una condición imprescindible, según CCOO.
La previsible convalidación de este Real Decreto Ley no debe impedir su tramitación como Proyecto de Ley para incorporar elementos esenciales que permitan capitalizar las entidades y reestructurar el sector, sin transformar el modelo de cajas de ahorros en España en meras sociedades anónimas que perderán sus rasgos definitorios y su función social.
CCOO mantiene su compromiso con el modelo de cajas de ahorros, con el empleo y las condiciones laborales en las mismas. Esos objetivos son compatibles con el refuerzo de su solvencia, rentabilidad y eficiencia. La necesaria capitalización de las cajas debe atender a los siguientes objetivos:
· Preservar la naturaleza jurídica de las cajas de ahorros.
· Que los procesos de reestructuración sean acordados con la representación de los trabajadores, con prioridad para el empleo, consensuando procesos de homologación de condiciones de trabajo.
· Viabilidad financiera. Promoción de instrumentos de capital específicos, de primera categoría, que garanticen el acceso a los mercados. No es preciso imponer la conversión en sociedades anónimas de cajas de ahorros viables financieramente.
· Garantizar el control y la administración de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros sobre todas las actividades de las mismas: las derivadas de su carácter fundacional, la actividad financiera y sus participaciones industriales; más si cabe, si se realizan a través de sociedades filiales y/o instrumentales.
· Apuesta por el modelo social de las cajas de ahorros:
1. Inclusión financiera del conjunto de la Sociedad y compromiso con los territorios de implantación de las cajas.
2. Retorno del Beneficio como Dividendo Social (Obra Social).
3. Participación de la sociedad civil, de la representación ciudadana y de la representación laboral en la administración y control de la actividad financiera y social.
· Las fusiones reales y las llamadas “virtuales” mediante Sistemas Institucionales de Protección (SIP), pueden instrumentarse a través del marco normativo de las cajas de ahorros. La figura de Agrupaciones de Cajas o Cajas de Cajas, como entidad central de un SIP, son alternativas a incorporar a la regulación legal.
RESUMEN:
Una reforma estructural necesita de una Ley tramitada a través de un Proyecto de Ley, no la convalidación de un Real Decreto Ley.
Se debe garantizar que las cajas puedan acceder a fórmulas de capitalización en igualdad de condiciones que el resto de operadores, por razones coyunturales (crisis financiera) y razones estructurales (Basilea III). Pero ello debe compatibilizarse con el mantenimiento de la naturaleza jurídica y función social de las cajas. Por ello:
· Deben existir límites claros para la emisión, tenencia y, en su caso, presencia de cuotapartícipes en los órganos de gobierno de las cajas.
· Se debe garantizar el control y administración de los órganos de gobierno de las cajas sobre todas las actividades de las cajas de ahorros y sus sociedades filiales y/o instrumentales.
· En los SIP debe garantizarse que las cajas puedan conformar agrupaciones de cajas o que una de ellas pueda actuar como sociedad central del los SIP
· Debe eliminarse la posibilidad de conversión de las cajas de ahorros en fundaciones como una opción más de desarrollo de su actividad. Esta opción supone encaminar las cajas hacia su desaparición como tales (el testamento vital de estas entidades).
Y en materia laboral, la reestructuración del sector debe realizarse mediante acuerdos laborales con prioridad al empleo y armonización de condiciones laborales, así como enmarcar a las entidades resultantes, incluidas sus empresas filiales y/o instrumentales en el marco normativo sectorial laboral de las cajas de ahorros.
promueve la desaparición de las cajas de ahorro en su configuración actual
· Según CCOO, supone además la desaparición de su naturaleza jurídica y debilita su función social como instrumentos de desarrollo territorial y de inclusión financiera de las personas con menores recursos y capacidad económica
19 de julio de 2010
A juicio de CCOO, el Real Decreto Ley 11/2010 que será sometido a convalidación en el Congreso de los Diputados el 20 de julio de 2010, facilita y promueve la desaparición de las cajas de ahorros españolas en su configuración actual, favorece la desaparición de su naturaleza jurídica y debilita su función social como instrumentos básicos de desarrollo territorial y de inclusión financiera de las personas con menores recursos y capacidad económica.
Según esta nueva norma, las cajas de ahorros deberán optar por:
· Mantenerse como cajas, pudiendo emitir cuotas participativas, con o sin derechos políticos, hasta un 50% de su patrimonio neto.
· Integrarse con otras cajas en un Sistema Institucional de Protección; la entidad a través de la que operarán será un banco (sociedad anónima).
· Ceder su negocio financiero a un banco, manteniendo la caja, únicamente, la obra social y la cartera industrial
· Transformarse en fundación, cediendo su negocio financiero a un banco.
El Banco de España, tras una fase de supervisión apática en la que no quiso o no supo impedir el crecimiento incontrolado del endeudamiento de las Cajas para financiar la burbuja inmobiliaria, dirigirá ahora una operación que pretende convertirlas en sociedades anónimas. CCOO denuncia que cuenta para ello con el apoyo del Gobierno y el principal partido de la oposición.
CCOO había advertido que la necesidad de reducir el riesgo asumido con el sector inmobiliario; la recuperación del crédito dirigido a proyectos empresariales viables, en especial, a las pymes; el fortalecimiento del sistema financiero español; los previsibles mayores requisitos que impondrá Basilea III (tercera edición del consenso entre los Bancos Centrales de las principales economías desarrolladas, que supondrá mayores exigencias en materia de recursos propios y calidad del capital de las entidades financieras), eran, entre otras, razones que exigían recapitalizar el sistema financiero.
Las vías para hacerlo en las cajas de ahorros eran y son diversas. El objetivo perseguido es aumentar la solvencia de estas entidades, no transformarlas en sociedades anónimas. Reforzar la
estructura de capital no es incompatible con la naturaleza jurídica y el modelo de control social de las cajas de ahorros. Si es necesario recapitalizar con fondos públicos, el cambio de los gestores que han provocado esa situación parece una condición imprescindible, según CCOO.
La previsible convalidación de este Real Decreto Ley no debe impedir su tramitación como Proyecto de Ley para incorporar elementos esenciales que permitan capitalizar las entidades y reestructurar el sector, sin transformar el modelo de cajas de ahorros en España en meras sociedades anónimas que perderán sus rasgos definitorios y su función social.
CCOO mantiene su compromiso con el modelo de cajas de ahorros, con el empleo y las condiciones laborales en las mismas. Esos objetivos son compatibles con el refuerzo de su solvencia, rentabilidad y eficiencia. La necesaria capitalización de las cajas debe atender a los siguientes objetivos:
· Preservar la naturaleza jurídica de las cajas de ahorros.
· Que los procesos de reestructuración sean acordados con la representación de los trabajadores, con prioridad para el empleo, consensuando procesos de homologación de condiciones de trabajo.
· Viabilidad financiera. Promoción de instrumentos de capital específicos, de primera categoría, que garanticen el acceso a los mercados. No es preciso imponer la conversión en sociedades anónimas de cajas de ahorros viables financieramente.
· Garantizar el control y la administración de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros sobre todas las actividades de las mismas: las derivadas de su carácter fundacional, la actividad financiera y sus participaciones industriales; más si cabe, si se realizan a través de sociedades filiales y/o instrumentales.
· Apuesta por el modelo social de las cajas de ahorros:
1. Inclusión financiera del conjunto de la Sociedad y compromiso con los territorios de implantación de las cajas.
2. Retorno del Beneficio como Dividendo Social (Obra Social).
3. Participación de la sociedad civil, de la representación ciudadana y de la representación laboral en la administración y control de la actividad financiera y social.
· Las fusiones reales y las llamadas “virtuales” mediante Sistemas Institucionales de Protección (SIP), pueden instrumentarse a través del marco normativo de las cajas de ahorros. La figura de Agrupaciones de Cajas o Cajas de Cajas, como entidad central de un SIP, son alternativas a incorporar a la regulación legal.
RESUMEN:
Una reforma estructural necesita de una Ley tramitada a través de un Proyecto de Ley, no la convalidación de un Real Decreto Ley.
Se debe garantizar que las cajas puedan acceder a fórmulas de capitalización en igualdad de condiciones que el resto de operadores, por razones coyunturales (crisis financiera) y razones estructurales (Basilea III). Pero ello debe compatibilizarse con el mantenimiento de la naturaleza jurídica y función social de las cajas. Por ello:
· Deben existir límites claros para la emisión, tenencia y, en su caso, presencia de cuotapartícipes en los órganos de gobierno de las cajas.
· Se debe garantizar el control y administración de los órganos de gobierno de las cajas sobre todas las actividades de las cajas de ahorros y sus sociedades filiales y/o instrumentales.
· En los SIP debe garantizarse que las cajas puedan conformar agrupaciones de cajas o que una de ellas pueda actuar como sociedad central del los SIP
· Debe eliminarse la posibilidad de conversión de las cajas de ahorros en fundaciones como una opción más de desarrollo de su actividad. Esta opción supone encaminar las cajas hacia su desaparición como tales (el testamento vital de estas entidades).
Y en materia laboral, la reestructuración del sector debe realizarse mediante acuerdos laborales con prioridad al empleo y armonización de condiciones laborales, así como enmarcar a las entidades resultantes, incluidas sus empresas filiales y/o instrumentales en el marco normativo sectorial laboral de las cajas de ahorros.
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