Griñán y Fernández advierten de que "sólo" colaborarán con la empresa si ésta mantiene el principio de igualdad · La plantilla decide hoy las medidas que adoptarán para intentar que la firma de marcha atrás
Abusivo, incomprensible y discriminatorio. La Junta de Andalucía tiene claro que el acuerdo de regulación de ámbito nacional que Ercros pactó la semana pasada con los sindicatos -y supone el despido de la casi totalidad de los trabajadores de Huelva (112 de una plantilla de 119)- es inadmisible y por ello el consejero de Empleo, Antonio Fernández, no descartaba ayer su impugnación, si bien será hoy cuando el gabinete jurídico de la Junta determine hasta dónde pueden llegar las competencias de la Administración andaluza en este sentido.
Entretanto, la Junta hará llegar al Ministerio de Trabajo un informe negativo en el que mostrará "con absoluta dureza" su rechazo al plan de regulación de la compañía ha diseñado para Huelva.
El principal punto discordante en la negociación -los trabajadores de la fábrica onubense han sido los únicos que no han ratificado el acuerdo por entenderlo discriminatorio- reside en la decisión de Ercros de disponer a su antojo de las ayudas que la Administración autonómica baraja para la antigua planta de Aragonesas. Y es que, por una parte, la empresa ha decidido que el pago de las indemnizaciones por despido se realice (a partes iguales) entre Ercros y la Junta, de manera que cada uno asuma veinte días por año trabajado.
Pero la firma ha ido más allá y ha decidido, además, supeditar los contratos de relevo que se van a poner en marcha en otros centros del país a las ayudas de la Junta. Un extremo que ha inquietado más aún al consejero de Empleo: "Es incomprensible, inaudito y sorprendente" que a los trabajadores "se les quite la indemnización pactada por supuestas ayudas de la Administración". Además, Fernández entiende que el acuerdo firmado entre Ercros y su comité intercentros es "abusivo en Derecho", ya que de los 195 despidos que se llevarán a cabo en el grupo, 112 son de Huelva, supeditando una suspensión temporal a 54 de ellos a las negociaciones que la empresa y la Junta mantienen abiertas con el objetivo de mantener la actividad y el empleo en la provincia. "Qué tienen que decir ni Ercros ni el comité de lo que la Junta haga con sus parados", se preguntaba ayer el consejero, que insistía en que "es inadmisible" el comportamiento de la firma catalana, que lo único que va a conseguir es ir en "perjuicio de la actividad industrial y de los trabajadores andaluces".
En la misma línea se manifestó ayer el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, quien insistía en que la Administración andaluza cooperará únicamente con Ercros (desde que se anunció el plan de regulación, la Junta ha intentado mantener negociaciones con la firma para evitar el cierre de las plantas onubenses) "si se mantiene el principio de igualdad". Y añadía: "Tiene que darse cuenta (Ercros) de que la Junta está dispuesta a colaborar, siempre y cuando la empresa también sepa que no puede discriminar a una tierra sobre otra, sobre todo teniendo en cuenta que la fábrica de Palos no es la que tiene más problemas".
Entretanto, el comité de empresa de la planta onubense solicitará a la Dirección General de Trabajo que no homologue el acuerdo alcanzado la semana pasada y lo remita al Juzgado de los Social para que determine si ha habido actuaciones contrarias al Derecho por parte de la empresa. Los trabajadores barajan otro tipo de acciones de protesta como movilizaciones, aunque el calendario no se cerrará hasta hoy, tras el desarrollo de la asamblea a la que están convocados todos los empleados de la fábrica palerma.
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